Conjueces decidirán 'muerte política' de Marta L. Ramírez el martes en sesión del Consejo de Estado
Hay dos bloques frente a demanda de pérdida de investidura contra la ex senadora conservadora.
Después de dos meses de discusiones, los magistrados que estudian la demanda de pérdida de investidura contra la ex senadora por 'La U' no consiguieron la mayoría requerida para decidir.
En la última sesión, diez magistrados votaron por despojar a Ramírez de su investidura. Ellos creen que la decisión de la Sección Quinta -que hace pocos meses anuló la elección de Ramírez porque habría violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades al firmar un contrato con una entidad del Estado seis meses antes de su elección- es vinculante con la pérdida de investidura, lo que automáticamente origina la 'muerte política'.
La Sala Plena tiene 23 consejeros, pero hay dos vacantes: la de la magistrada Marta Sofía Sáenz Tobón, quien falleció hace mes y medio, y la del magistrado Ramiro Saavedra, quien cumplió su periodo hace seis meses y aún no tiene reemplazo.
En la última sesión se decidió nombrar dos conjueces: los abogados Antonio José Lizarazo y Dolly Pedraza, quienes este martes entregarán un informe sobre la ponencia que presentó el magistrado Gerardo Arenas Monsalve.
Él acogió el concepto de la Procuraduría, que pide al Consejo de Estado decretar la pérdida de investidura y respalda la tesis de que la anulación de una elección por incompatibilidades debe tener sanción política.
El delegado del procurador Alejandro Ordóñez ante el Consejo de Estado, Augusto Serrato, considera que Ramírez está inhabilitada para ocupar el cargo por haber firmado un contrato de consultoría con Bancoldex el 30 de septiembre del 2005 por 10 millones de pesos, para explicarles a empresarios colombianos el TLC con E.U.
Según el procurador Serrato, el 79 por ciento de participación estatal en Bancoldex lo convierte en una entidad pública regida por la Ley General de Contratación. La defensa de Ramírez ha expuesto, por el contrario, que el contrato que firmó con Bancoldex era de derecho privado.
La precandidata sostiene además que el contrato no le brindó beneficio económico alguno. "No tuve remuneración ni saqué ventajas políticas de esos encuentros: lo que firmé fue un acuerdo, no un contrato, y sin beneficios", afirmó Ramírez durante la audiencia pública de su caso.